Feb 24, 2011, 02:14 AM | "Estamos estudiando el tema y haremos una propuesta al Gobierno en materia de seguridad"
Noel Álvarez
Presidente de Fedecámaras En todos los ámbitos 80
veces más que en prevención de los delitos, es lo que se invierte en represión.
70%
de la población ha dejado de visitar espacios públicos y recrearse por miedo a la inseguridad.
80%
de los bienes y servicios que se consumen en el país son importados.
70%
del consumo de alimentos local proviene de otros países. Verónica Rodríguez
vrodriguez@cadena-capriles.com
"En el país se está vulnerando la seguridad personal, jurídica y alimentaria", señaló Noel Álvarez, presidente de Fedecámaras, quien estuvo a cargo de la apertura del foro: "La verdad sobre la seguridad en Venezuela", realizado por esta institución y la Asociación Integral de Políticas Públicas (Aipop).
El dirigente gremial expresó que la violencia generalizada que existe en el país está afectando la productividad de las empresas. "En muchos casos los empresarios y productores tienen que manejar sus negocios de forma remota por temor a las amenazas, secuestros, robos y hurtos", indicó Álvarez.
Se refirió a la práctica del secuestro, extorsiones, del cobro de "vacuna" que azota gravemente a los ganaderos y empresarios, que antes se circunscribía más a las zonas fronterizas, pero que ahora se ha expandido a toda la nación.
Asimismo alertó: "En materia de seguridad jurídica, nos sentimos desprotegidos, toda vez que se irrespetan derechos fundamentales consagrados en la Constitución como el derecho de propiedad. Como si fuera poco, se promulgan leyes que llevan a la destrucción de empresas y empleos en Venezuela".
Dijo que en el país tampoco se puede hablar de seguridad alimentaria cuando se importa aproximadamente 70% de lo que consumimos. "El sector empresarial ha insistido repetidamente en la necesidad de estimular la oferta interna y para ello se requiere de reglas claras y seguridad jurídica"
Con políticas públicas
Mónica Fernández, experta del Pnud en Latinoamérica en materia de seguridad y miembro del Foro Penal Venezolano, señaló que urge activar políticas públicas en el país y que hay que avanzar en materia de prevención en vez de seguir invirtiendo mayoritariamente en represión.
"La seguridad es un derecho humano y sin seguridad ciudadana no hay nada. Lo más importante es preservar la vida, que la gente pueda salir a la calle y se pueda sentir tranquila. Es necesario que haya seguridad en la casa, en el trabajo, en la calle, en el transporte público", comentó Fernández.
Señaló que en Venezuela los ciudadanos han cambiado sus hábitos: han dejado de salir, han dejado de distraerse por temor a la inseguridad. Y esto es como una cadena, pues evidentemente afecta al comercio y a las industrias que proveen sus insumos.
"En 70% la gente ha dejado de visitar los espacios en donde antes compraba, los espacios de recreación, porque está inhibida ante la violencia", señaló.
Mencionó también la proliferación de empresas de seguridad privadas y el hecho de que muchas cuentan con personal que no es calificado. "Cuando la seguridad pasa a manos de los particulares desplazando la responsabilidad del Estado, hay un problema grave. Hay que fortalecer las instancias y los ciudadanos tienen que saber que son corresponsables en estos temas", argumentó Fernández.
Consideró que es una "excelente oportunidad para que la empresa privada invierta en seguridad pública, sentar bases para hacer estudios, análisis, encuestas, contratación de expertos y aportar. Por su parte, la Asamblea Nacional tiene un gran reto en materia de seguridad".
Noel Álvarez
Presidente de Fedecámaras En todos los ámbitos 80
veces más que en prevención de los delitos, es lo que se invierte en represión.
70%
de la población ha dejado de visitar espacios públicos y recrearse por miedo a la inseguridad.
80%
de los bienes y servicios que se consumen en el país son importados.
70%
del consumo de alimentos local proviene de otros países. Verónica Rodríguez
vrodriguez@cadena-capriles.com
"En el país se está vulnerando la seguridad personal, jurídica y alimentaria", señaló Noel Álvarez, presidente de Fedecámaras, quien estuvo a cargo de la apertura del foro: "La verdad sobre la seguridad en Venezuela", realizado por esta institución y la Asociación Integral de Políticas Públicas (Aipop).
El dirigente gremial expresó que la violencia generalizada que existe en el país está afectando la productividad de las empresas. "En muchos casos los empresarios y productores tienen que manejar sus negocios de forma remota por temor a las amenazas, secuestros, robos y hurtos", indicó Álvarez.
Se refirió a la práctica del secuestro, extorsiones, del cobro de "vacuna" que azota gravemente a los ganaderos y empresarios, que antes se circunscribía más a las zonas fronterizas, pero que ahora se ha expandido a toda la nación.
Asimismo alertó: "En materia de seguridad jurídica, nos sentimos desprotegidos, toda vez que se irrespetan derechos fundamentales consagrados en la Constitución como el derecho de propiedad. Como si fuera poco, se promulgan leyes que llevan a la destrucción de empresas y empleos en Venezuela".
Dijo que en el país tampoco se puede hablar de seguridad alimentaria cuando se importa aproximadamente 70% de lo que consumimos. "El sector empresarial ha insistido repetidamente en la necesidad de estimular la oferta interna y para ello se requiere de reglas claras y seguridad jurídica"
Con políticas públicas
Mónica Fernández, experta del Pnud en Latinoamérica en materia de seguridad y miembro del Foro Penal Venezolano, señaló que urge activar políticas públicas en el país y que hay que avanzar en materia de prevención en vez de seguir invirtiendo mayoritariamente en represión.
"La seguridad es un derecho humano y sin seguridad ciudadana no hay nada. Lo más importante es preservar la vida, que la gente pueda salir a la calle y se pueda sentir tranquila. Es necesario que haya seguridad en la casa, en el trabajo, en la calle, en el transporte público", comentó Fernández.
Señaló que en Venezuela los ciudadanos han cambiado sus hábitos: han dejado de salir, han dejado de distraerse por temor a la inseguridad. Y esto es como una cadena, pues evidentemente afecta al comercio y a las industrias que proveen sus insumos.
"En 70% la gente ha dejado de visitar los espacios en donde antes compraba, los espacios de recreación, porque está inhibida ante la violencia", señaló.
Mencionó también la proliferación de empresas de seguridad privadas y el hecho de que muchas cuentan con personal que no es calificado. "Cuando la seguridad pasa a manos de los particulares desplazando la responsabilidad del Estado, hay un problema grave. Hay que fortalecer las instancias y los ciudadanos tienen que saber que son corresponsables en estos temas", argumentó Fernández.
Consideró que es una "excelente oportunidad para que la empresa privada invierta en seguridad pública, sentar bases para hacer estudios, análisis, encuestas, contratación de expertos y aportar. Por su parte, la Asamblea Nacional tiene un gran reto en materia de seguridad".
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